Denuncian ante la CIDH casos de Censura en Venezuela / #AudienciasCIDH

Varios representantes de Venezuela en la audiencia 144° de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) solicitaron al ente que se mantenga atento a los hechos en los que periodistas y grupos son descalificados y luego atacados o afectados por acciones judiciales que perjudican la libertad de expresión.

Durante la audiencia, la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Silvia Alegrett, expresó que producto del hostigamiento sistemático a medios y periodistas independientes en Venezuela, “cada vez existe mayor autocensura e inhibiciones” dentro de los medios de comunicación.

“Diversos medios cambiaron la línea editorial para evitar ser sancionados directa o indirectamente. Hay dispositivos de temor e intimidación ante la posibildiad de ser perseguidos (…) Persisten las presiones directas e indirectas”, dijo Alegrett.

Caso multa Globovisión y presunta contaminación del agua
El presidente de la Asociación Internacional de Juristas, Pedro Nikken, presentó ante la Cidh el caso de la multa de Globovisión por la cobertura de los hechos del Rodeo, el pasado mes de junio de 2011: “Se impuso la multa de más de dos millones de dólares a Globovisión. Esa cobertura de Globovisión incluyó expresión de familiares de los reclusos e información de la situación. La estación de televisión interpuso un recurso judicial que fue rechazado, también el de varios terceros interesados como el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y Espacio Público”, declaró.

Nikken espuso también el caso de la medida que impuso la Fiscalía General de la República para exigir a los medios de comunicación la presentación de informes técnicos al momento de referrise al tema de la presunta contaminación del agua. Aseguró que esto “establece mecanismos de autocensura previa y sanción a quienes no se adecúen a la información veraz”.

Usurpación de cuentas
El director de la organización no gubernamental (ONG), Espacio Público, Carlos Correa, presentó ante la Comisión los casos de violación de cuentas o usurpación por personas o grupos no identificados: “Se vulnera a quienes se les usurpan las cuentas, sea periodistas, literatos, gente que utiliza su cuenta para expresarse. Se vulneran sus correos electrónicos, se revelan fuentes confidenciales”.

Correa indicó que, a pesar de que se han formalizado una serie de denuncias ante las instituciones correspondientes, no se ha obtenido respuesta.

Agresiones a los periodistas
Los representantes de Venezuela ante la Cidh informaron que persiste un patrón de aumento de agresiones y ataques a los medios y periodistas en contextos electorales.

Resaltaron que en el primer trimestre de 2012 ocurrieron ocho ataques o agresiones a medios y periodistas. Ven con preocupación que no está garantizada la integridad personas de los periodistas, así como el resguardo de sus equipos de trabajo. Asimismo, destacaron que persisten las descalificaciones, insultos y amenazas desde los medios gubernamentales y por parte de funcionarios.

Problemas de acceso a la información pública
Espacio Público indicó que según un informe edl año 2011, las instituciones públicas no respondieron a las peticiones de información en 85% de los casos, mientras sólo 6,5% obtuvieron una respuesta adecuada.

Destacó que en muchos casos los amparos o tutelas demoran más de un año para tener una sentencia judicial firme y no concluyen con la entrega de información pública a los interesados.

Cadenas
Asimismo, Correa expuso las recurrrentes transmisiones en cadena nacional de radio y televisión por parte del Ejecutivo Nacional. Correa resaltó que la frecuencia de las cadenas es de hasta tres por semanas y de larga extensión. “Tienen relación con el contexto electoral. Muchas veces no responden a intereses legítimos, sino que son usadas para proselitismo y campaña política”, comentó.

Peticiones ante la Cidh
Ante los hechos planteados, los representantes de Venezuela solicitaron a la Cidh que se mantenga atenta a los hechos en los que periodistas y grupos son descalificados y luego atacados o afectados por acciones judiciales que perjudican la libertad de expresión. Asimismo, pidió mayor atención para evitar la impunidad en casos como agresiones a periodistas de la Cadena Capriles.

También se solicitó atención a la tendencia existente de obstaculizar por vía judical el acceso a la información pública: “Solicitamos que se vean casos pendientes en materia de información pública y se preste seguimiento a la obligación del Estado ante la vulneración de cuentas y correos electrónicos”.

Una última petición fue que la Relatoría hiciera énfasis en el uso ilegítimo de transmisiones conjuntas de radio y televisión por parte del Gobierno.

Posición del Estado venezolano
Como representante de Venezuela, Luis Brito García advirtió que en el país no hay periodistas presos, como sí existía en gobiernos anteriores al del presidente Hugo Chávez.

Señaló que en el caso de la caricatura hecha por el caricaturista Roberto Weil sobre la presunta contaminación del agua  se degradó a los afrodescendientes al tratar de relacionarlos con el estado del líquido. “Es una conducta reprobable, es inaceptable”, enfatizó.

Sobre las cadenas de radio y televisión, Brito indicó que se trata de un derecho constitucional del Estado. “Es un derecho que deriva de que el espacio radiofónico pertenece a la República y el uso privado es por concesión. Para fines públicos se usa”, aseveró.

Ante la cobertura del estado del agua, Brito señaló que la información debe ser veraz y oportuna y no falsa. “Se trata de una campaña para hacer dudar a la gente de la calidad el agua”, dijo. Asimismo, resaltó que Venezuela ha cumplido con las metas del milenio referentes al agua.

Por su parte, el representante de Venezuela ante la Cidh, Germán Saltrón, indicó que la Constitución hace una diferenciación entre libertad de expresión (artículo 57) y derecho a la información (artículo 58).

Fuente Globovisión   y El Carabobeño